Colectivos y familiares de personas desaparecidas acusan que el Gobierno federal, con su actualización del registro de desaparecidos con apoyo de Servidores de la Nación, intenta “rasurar”, maquillar y revictimizar con visitas domiciliarias.
“Esto qué lectura nos da, que es una rasurada de las cifras oficiales que ellos mismos tienen y que ya no quieren reconocer en un contexto político”, lanza José Ugalde, vocero de la Organización Desaparecidos Justicia AC Querétaro.
El 31 de julio, el Presidente anunció un plan para actualizar dicho registro, estrategia que involucra a los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, cuyo contacto con la ciudadanía es básicamente para empadronar a beneficiarios de programas sociales.
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“En lugar de andarlos buscando en las casas deberían buscarlos en los campos, en las cárceles, en los hospitales; solamente lo hacen para decir que van a visibilizar lo de desaparecidos. Lo que falta es sensibilidad, empatía, solidaridad… y el Presidente no nos quiere ni recibir”, dice Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora.
En tanto, los colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) advierten: “Nos preocupa por el riesgo de que pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de Gobierno”.
Al inicio del sexenio, se hizo una depuración del registro de desaparecidos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para contar con una base de datos sólida y confiable.
“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias, y no cuenta con una metodología clara y transparente”, advierte la ONU.
El pasado 23 de octubre, el Presidente López Obrador designó a la morenista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB, pese a que no cuenta con experiencia en desapariciones.
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La designación se dio a dos meses de la renuncia de la ex comisionada Karla Quintana, quien salió en medio de la cuestionada instrucción presidencial de depurar el censo de personas desaparecidas y usar en el proceso a Servidores de la Nación.
Hasta junio pasado, había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Ugalde, padre de José Esaú Ugalde Vega, joven desaparecido en 2015 a los 25 años de edad, se dijo a favor de la actualización del Registro, pero no con Servidores de la Nación y menos con visitas a domicilios.
“(La actualización) no tiene garantía ni certeza, y ellos (Servidores) no tienen el conocimiento ni el profesionalismo para hacerlo, son Servidores de la Nación, personas que no tienen el tacto de acercarse a las familias, lo cual es preocupante”, expresa.
“La situación de que lleguen a tu casa, toquen y te pregunten, y te digan que están investigando (el estatus de la persona desaparecida) eso, créeme, es un golpe muy duro, revictimizante, terrible para las familias; pensamos que se está haciendo por cuestiones político-electorales, espero equivocarme”.
Tras el anuncio de López Obrador, activistas y colectivos de familiares de personas desaparecidas levantaron la voz con el argumento de que el censo puede ocultar la realidad del fenómeno y no se construye con base en una metodología transparente.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos enfatiza que toda incorporación o remoción de datos del Registro Nacional debe realizarse de manera transparente y basada en evidencia debidamente confirmada y documentada, haciendo pública la metodología empleada.
“Nos preocupa que corra riesgo el RNPDNO y que estas acciones sean actos encaminados hacia la opacidad del mismo registro por no hacer público el proceso de actualización y su metodología”, agrega el MNDM, que conforman más de 80 colectivos de 25 estados.
En paralelo, el MNDM observa que, desde abril pasado, se detectaron “movimientos irregulares” en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas del Registro, el cual había tenido incrementos desde su creación.
“Sin embargo, en estos últimos meses ha ido descendiendo la cifra de personas cuyo paradero aún desconocemos. Para mantener vigente el RNPDNO, contar con un registro confiable (…), no puede revictimizar a las familias de personas desaparecidas”, añade.
En el mismo sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU advierte que el proceso de actualización no cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda ni con estándares internacionales en la materia.
El CED llama a que la actualización del Registro sea coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda con independencia e imparcialidad.
“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias y no cuenta con una metodología clara y transparente, ni mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas”, indica.
POR REFORMA
