Por El Mundo
Nadie domina los escenarios europeos como los italianos. La presión, la insistencia, el trabajo en equipo para defender, por encima de reglas y discrepancias internas, las prioridades del país. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y el ministro italiano de Finanzas, Pier Carlo Padoan, han llegado a un principio de acuerdo “para el plan de reestructuración de Monte dei Paschi di Siena para permitir una recapitalización preventiva (precautionary) del banco en línea con las reglas europeas”, tras “contactos intensivos y constructivos” entre la propia Vestager, el vicepresidente Dombrovskis, el BCE y Roma.
Mientras en Fráncfort llegan rumores sobre un negro futuro para el Popular, los italianos han logrado, tras medio año desplegando todas sus bazas, un acuerdo a su medida. El comunicado emitido esta mañana dice que “La directiva de recuperación y resolución bancaria (BRRD) ofrece la posibilidad de que un estado inyecte capital en un banco solvente, siempre que se cumplan ciertos criterios”.
Un rescate en toda regla en el que se asume que accionistas y bonistas junior tendrán que contribuir, con pérdidas, pero en una cantidad no especificada. Además, la Comisión abre inmediatamente la puerta para que, al igual que ocurrió con los preferentistas en España, quienes compraran sin haber sido informados adecuadamente de los riesgos sean compensados inmediatamente a través de activos más seguros.
Las reglas europeas dicen que la ayuda de Estado, y nadie discute que esto lo sea, sólo pueden ser concedidas de forma preventiva “para preparase para posibles necesidades de capital de un banco si las condiciones económicas empeoraran” y no puede llevar a que empiece la resolución de la entidad. Es decir, que Roma y Bruselas han pactado que es un dinero para mantener en pie a la entidad, mientras lleva a cabo su plan de saneamiento. Pero que no sea usado para arreglar su crisis, pues eso es completamente ilegal. La línea entre una cosa y la otra es muy final y se define con criterios más políticos que técnicos.
Pero “dado que una recapitalización preventiva implica el uso de dinero de los contribuyentes, las reglas sobre ayuda de estado aseguran que el dinero público sólo pueda ser inyectado en un banco que sea rentable a largo plazo”, dice el comunicado. “Eso requiere que el banco sufra una reestructuración en profundidad que garantice su viabilidad. Además, el Estado debe ser suficientemente remunerado por su inyección de capital y los accionistas y tenedores junior deben contribuir para limitar la cantidad de dinero de los contribuyentes.
La clave de todo es cómo se articule la inyección, las cantidades y el tipo de compensación. Dejando de lado otra cuestión clave: si existe alguna manera de garantizar que Monte dei Paschi pueda o vaya a ser rentable. De hecho, el acuerdo entre Bruselas y Roma queda pendiente de que “en paralelo llegue la confirmación del BCE, en su capacidad de supervisor, confirme que Monte dei Paschi es solvente y cumple los requisitos de capital. Y de que Italia obtenga la confirmación de los inversores privados de que comprarán los créditos morosos de la entidad”.
El BCE, en diciembre, calculaba en más de 5.000 millones de euros las necesidades de capital. Dio luz verde al plan de entonces, que suponía un aumento del capital, la conversión voluntaria de bonos subordinados en acciones y la entrada de un nuevo accionista de referencia.
“Esta solución es un paso adelante positivo para Monte dei Paschi y para el sector bancario italiano. Permitirá al país inyectar capital, de forma preventiva, y de forma acorde a las normas, lo que limita la carga de los contribuyentes”, asegura Vestager
¿Cómo se llevará a cabo el rescate?
Los detalles finales no están cerrados ni se sabe qué cantidad se inyectará, pero es poco probable que sea menos de 5.000 o 6.000 millones de euros. Corresponde ahora a Italia ultimar el plan, negociar con los inversores privados y notificarlo a Bruselas. Y en función del resultado, a la Comisión dar luz verde definitiva, si cree que no se violan las normas sobre ayuda de Estado.
Monte dei Paschi está al borde del precipicio desde finales de 2016. Su plan para obtener capitán en el mercado fracasó estrepitosamente y desde entonces permanece en coma asistido, pero sin hundirse del todo. Tras constatar que el mercado no se quedaría la entidad y que no llegaría un salvador desde el Golfo Pérsico, el Gobierno de Gentiloni ha dado el paso.
El principio de acuerdo anunciado hoy fija que Monte dei Paschi se deshará de toda su cartera de créditos morosos a precio de mercado, reduciendo el riesgo de su balance.
La entidad negocia con fondos (Credito Fondiario, Fortress Investment Group) para que entren en las partes más delicadas, pero se sobreenetiende que Atlante II, el mecanismo creado con capital de los bancos y ayuda pública, será el que se quede el grueso de los préstamos difícilmente recuperables.
Simultáneamente tendrá que “adoptar una serie de medidas para incrementar sustancialmente su eficiencia”. Para empezar, imponiendo un límite salarial, incluyendo todo el paquete remunerativo, por lo que en línea con las normas europeas la dirección podrá tener un sueldo que sea como mucho 10 veces el salario medio de la empresa. Y después, cerrando sucursales y despidiendo personal.
Además, para mantener al menos parte del espíritu de las directivas de resolución y rescate, “los accionistas y bonistas junior contribuirán a los costes de la reestructuración antes de que el dinero de los contribuyentes se ponga en riesgo”. Eso sí: “los depositantes quedan protegidos en todo caso, según la directiva de garantía de depósitos de la UE”, dice el papel. Los de menos de 100.000 euros y los de más.
En España, los preferentistas de Bankia acudieron en masa a los tribunales y a los mecanismos de arbitraje, pero muy a posteriori. Esta vez, Bruselas y Roma han pactado ya que “los tenedores junior, los clientes no institucionales, “en caso de que se les vendiera de forma inapropiada” antes de 2016 un producto potencialmente arriesgado, podrían librarse. “Los bancos pueden asegurarse de que no haya efectos adversos”, dice el documento, una “compensación” que según Bruselas debe tener una consideración totalmente diferente.
Así, Monte dei Paschi compensará a esos bonistas junior que reclamen “convirtiendo esos bonos en acciones y comprándolos”. El pago a los inversores comerciales se hará en “instrumentos senior más seguros”.
A diferencia de otros países, los particulares tienen en torno al 65% de la deuda subordinada emitida y colocada por Monte dei Paschi. De los 4.300 millones de deuda subordinada que deberían ser transformados en acciones de forma forzosa en último caso, si el Estado mete 1.000 millones de euros podría subir su participación del 4% al 20%. Y si son más bien 2.000 millones, como se especulaba hace unas semanas, pasaría al 40%. ¿Funcionará bien la conversión de bonos en acciones? En 2015 cuatro pequeñas entidades venetas fueron intervenidas, y el 90% de los particulares aceptó el canje.