Avalan en comisiones el dictamen que propone también inhabilitar hasta con 20 años a funcionarios y particulares corruptos e impedirles participar en adquisiciones; prisión a quien mienta sobre ganancias de concesiones
FUENTE EXCELSIOR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó por unanimidad en comisiones los nuevos tipos penales en materia anticorrupción, con la innovación de considerar cohecho la práctica de diputados federales y estatales de solicitar una tajada económica a alcaldes u otros actores políticos y sociales a cambio de asignar partidas del presupuesto federal, para castigarlos hasta con 14 años de cárcel.
Además, decidieron castigar hasta con 12 años de cárcel al particular que mienta sobre la riqueza que obtiene de las concesiones, contratos y permisos de explotación los bienes nacionales; con seis años de cárcel a los particulares que presuman o utilicen su cercanía con los servidores públicos para negociar con beneficios para sí o para otra persona.
Aprobó también inhabilitar hasta con 20 años a los servidores públicos y particulares corruptos e impedirles participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y castigar con hasta nueve años de cárcel a quien “obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes y servicios”.
Y decidió poner alto al uso de prestanombres para ocultar fortunas.
Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”, dice el dictamen.
Aclara que “no será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis (…) En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos”.
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer, entre otros puntos, incluir en el delito de cohecho, tipificado ahora en el Código Penal Federal como uno de los Delitos por Hechos de Corrupción, la especificación de que se castigará con prisión mínima de tres meses y máxima de 14 años a los legisladores que incurran en solicitar una tajada económica, a cambio de incluir partidas específicas en los presupuestos anuales.
El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos en favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie, distinta a la que corresponde por el ejercicio de su encargo”.
O que solicite “el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios en favor de determinadas personas físicas o morales”.
Especifica que se castigará como cohecho “a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamientos a que se refieren los incisos a y b”, que hacen mención a las “mordidas” que los legisladores pueden solicitar.
De esta forma, a tres años de que un alcalde panista denunció a diputados federales panistas de pedirle moche a cambio de otorgar los presupuestos que necesitaba para obras, el Senado decidió por unanimidad, en comisiones, castigar cualquier intento de repetir esta práctica.
Pero también se castigará hasta con 14 años de cárcel a los particulares que den, entreguen o prometan cualquier beneficio a un servidor público para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.
Los legisladores aprobaron considerar como tráfico de influencias, que se castiga con cárcel de dos a seis años, “al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro”.
