“Hay que ocupar en todo el justo medio. La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. Nada en demasía” Solón.
La cita del sabio griego, viene acorde a la situación que vive nuestro país, sobre todo en estos días en que se perfila la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, del cual a su vez se desprenderá la elaboración de los presupuestos de los estados.
Un par de peculiaridades llaman la atención para la elaboración del documento que proyecta la aplicación de los recursos públicos, el primero de ellos es su formación a partir de “base cero”.
En este esquema cada dependencia y organismo deberá justificar detalladamente las cifras solicitadas, argumentando la necesidad de cada importe que se pretende ejercer para el gasto operativo, de salarios y adquisiciones.
Un presupuesto con base cero, que es el esquema que a partir del 2016 deberá seguirse cada año, no toma en consideración lo ejercido durante el año previo, ni los anteriores, con el objetivo de evitar vicios, así como repeticiones de proyecciones obsoletas.
El documento entregado al Congreso de la Unión plante un presupuesto de 4.7 billones de pesos, lo cual es menor en 135 mil millones de pesos con respecto al Presupuesto de Egresos del 2015, ello motivado por la disminución en el precio del petróleo y por ende menores ingresos para el país por ese concepto.
Desde inicio de este año, dada la turbulencia financiera internacional, así como la devaluación del peso frente al dólar norteamericano, el Gobierno Federal realizó el anuncio de un recorte por 124 mil millones de pesos, los cuales no se han visto reflejados a cabalidad en el ejercicio presupuestal 2015, pero para el 2016 la cosa será distinta.
El Presupuesto que debe de ser aprobado por el Congreso de la Nación antes del 15 de noviembre próximo no presenta reducciones en el gasto corriente, aunque el mandatario nacional habló de apretarse el cinturón, su sueldo, el de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diputados y Senadores no se contempla reducirlo.
Los recortes propuestos en el documento entregado el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray se centran más en el sector energético, en el tema de la obra pública así como en el tema social, aspectos que según los analistas afectan el desempeño de la economía nacional.
En este sentido resulta paradójico, que en un contexto de turbulencia financiera, se apliquen recortes presupuestales a distintos programas en prácticamente todas las dependencias, pero el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos no sean tocados, son más de 15 mil millones de pesos de los cuales 4 mil son exclusivamente para financiar a los partidos.
El INE contará con 8 mil 352 millones de pesos como presupuesto base para la operación cotidiana y 3 mil 90 millones para proyectos especiales, comportándose en este sentido como cualquier otra dependencia del gobierno.
Si hablamos de despilfarro y displicencia en el uso de recursos públicos en el Gobierno Federal, señalando por ejemplo el nuevo avión presidencial con un costo de mil 733 millones de pesos, así como las pensiones de los ex-presidentes, y una gran burocracia, en el INE no se quedan atrás.
Tan solo para el 2015 se aprobó un presupuesto de 762 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio del INE y en la Propuesta del Presupuesto del 2016 se solicita la misma cantidad, aunque tal edificio sigue en proyecto.
Asimismo, el INE tiene destinados 168 millones de pesos únicamente para el arrendamiento de vehículos, y a esto hay que sumarle tiene directores con auto y chofer pagados con cargo a la institución.
Otro rubro en el que parece que el INE actúa con mucha prodigalidad, es en el pago de asesores y oficinas, destinando anualmente 179 millones de pesos para el pago de estos.
Incluso en el número de empelados, el INE no ha tenido retrocesos, en 1996, siendo el Instituto Federal Electoral, operó con 7 mil empleados y hoy en día cuenta con 10 mil.
Aunado a lo anterior, con la Reforma Electoral aprobada en octubre del 2014, se homologo la fórmula del cálculo del financiamiento público para los partidos en las entidades federativas, por lo que además de recibir 4 mil millones a nivel federal, se otorgarán alrededor de mil 500 millones por ejercicio fiscal en los 31 estados y el distrito federal.
Todo esto en un país en el que en las últimas elecciones menos de la mitad del padrón nominal de electores ejerció su voto, pues solo lo hizo el 47.39 por ciento, y en el que las carencias en salud y educación son mayúsculas.
A simple vista, el INE se ha convertido en una institución burocrática con un gran número de prebendas, en las que sus integrantes en aras de defender la democracia ha comenzado a convertirse en un gran lastre, desde el punto de vista presupuestal para todos los mexicanos.
La cuestión aquí, sin debatir la importancia sobre la necesidad de tener un INE fuerte, independiente y que desarrolle sus actividades sustantivas es ¿se justifica tanto gasto, sobre todo dados los resultados de participación electoral? ¿Estarían el INE y los partidos políticos en condiciones de reducir su presupuesto ajustando gastos? Pero sobre todo ¿tendrían los Consejeros y los integrantes de los partidos políticos la voluntad de hacerlo?
